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La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de $6’191,422 y S/271,500 en el contrato de concesión del Terminal Portuario de Paita, en la región Piura, firmado durante el segundo gobierno de Alan García.
En una auditoría, identificó responsabilidad en 22 funcionarios públicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ProInversión y Ositran.
El contrato fue suscrito en el 2009 con la compañía Terminal Portuarios Euroandinos (TPE) y se concesionó a 30 años.
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó expedientes técnicos de las obras de infraestructura y Ositran las reconoció como adicionales con un perjuicio de $3’244,169.
TPE no presentó a tiempo los estados financieros auditados de sus accionistas fiadores, con perjuicio al Estado por S/271,500.
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