El Ejecutivo finalmente envió ayer al Congreso su proyecto de ley a través del cual modifica el Código Penal y tipifica el delito de “terrorismo urbano” con penas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua.
La propuesta legal define a este ilícito como la conducta consistente en “actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella” a través de los delitos de sicariato, conspiración, ofrecimiento para sicariato y extorsión.
Además, propone que sea sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 30 años.
Graves. La propuesta también señala que se le imponga cadena perpetua al imputado en caso haya elementos agravantes.
Entre estos figuran pertenecer a las Fuerzas Armadas (FF.AA) o a la Policía Nacional; usar armamento, material de guerra o explosivos; emplear estos productos y que sean de propiedad de las FF.AA o de la Policía; o utilizar a menores de edad o a personas inimputables.
modificaciones. El proyecto de ley, trabajado tras las protestas de los transportitas por la ola de extorsiones a la que están sometidos, plantea que quienes cometan extorsión reciban de 15 a 20 años de cárcel, pero si las víctimas son personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte, la pena sube de 25 a 35 años.
Lo mismo se establece si el delito es cometido a mano armada o con explosivos, o afecta a propietarios, responsables o contratistas de obras de construcción civil.
Para el sicariato, en tanto, proponen una condena no menor de 30 años.
Agregados. Adicionalmente, el documento elaborado por el Ejecutivo plantea que la toma de carreteras y locales sea considerada extorsión y penado con un máximo de 15 años de cárcel, lo que para el exministro del Interior, Carlos Basombrío, “generará reacciones políticas complicadas”.
Aunque se envió el proyecto de ley con “carácter de urgencia”, el Congreso recién por la noche empezó a someter a debate el texto sustitutorio, que reúne los proyectos para incorporar el delito de terrorismo urbano al Código Penal.
El proyecto también señala que no se registren denuncias contra policías y militares en estados de emergencia.
Hasta el cierre de esta edición, el debate continuaba en el parlamento.
