A 11 años, 5 meses y 15 días de prisión fue sentenciado el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema le dictó ayer esta condena al encontrarlo responsable del delito de conspiración para la rebelión por ordenar disolver el Congreso e intentar quebrar el orden constitucional.
La misma pena recibieron su extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Betssy Chávez, a quien el tribunal señaló como coautora del delito, y al entonces ministro del Interior, Willy Huerta, también partícipe del hecho. Aníbal Torres, quien tenía 79 años al momento de cometerse el delito y era asesor de la PCM, recibió una sentencia de 6 años y 8 de meses.
Para Huerta y Torres, sus sanciones quedaron suspendidas hasta que sean definitivas, por su buen comportamiento por asistir a las audiencias y no presentar peligro de fuego. No se dio lo mismo para Castillo ya que se probó que intentó huir a la embajada de México tras el golpe, ni para Chávez, quien se asiló en esta sede diplomática y, por ello, la sala ordenó su captura internacional.
SE ORGANIZARON. Aunque el exmandatario, quien seguirá preso en el penal de Barbadillo para cumplir su pena, trató de frenar la lectura de su sentencia con un pedido de nulidad del juicio presentado por su defensa, este no procedió y la audiencia continuó su curso.
Si bien la Fiscalía pidió 34 años de cárcel para el exmandatario por el delito de rebelión y el tribunal sostuvo que “está indiscutiblemente probado” que Pedro Castillo resolvió, en su condición de presidente, atentar contra el orden constitucional con el mensaje a la Nación dado, no hubo “alzamiento en armas”.
“Este tribunal, en mayoría, considera que los hechos planteados en la acusación son configurativos del delito de conspiración para una rebelión”, señaló el juzgado liderado por la jueza Norma Carbajal, quien refirió además, que los acusados se organizaron para tal fin.
Además de sus condenas, los sentenciados deberán abonar un pago solidario de 12 millones de soles como reparación civil. Además, se inhabilitó para ejercer cargos públicos por dos años a Huerta, Chávez y Castillo, por lo que no podrán postular a senadores.
Congresistas de diferentes bancadas, como Adriana Tudela (Renovación Popular) y Maricarmen Alva (Acción Popular) calificaron de “necesaria y justa” la sentencias dadas.
OJO AL DATO. Castillo afronta otras investigaciones por casos Petroperú y Puente Talara III, en el que se le acusa por corrupción.
