En lo que va del año, la Policía ha detenido a 2,567 conductores en estado de ebriedad durante operativos en Lima Metropolitana. Como parte del procedimiento, los agentes retienen de inmediato la licencia de conducir, la cual queda incautada por el SAT. Posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe emitir la resolución que formaliza la suspensión del brevete, que puede ser por tres meses, por plazos mayores o incluso llegar a la cancelación definitiva.
Sin embargo, uno de los problemas más graves detectados es la demora del MTC en emitir estas resoluciones, lo que permite que numerosos infractores continúen manejando pese a haber sido intervenidos. La Policía de Tránsito recordó un caso emblemático: un conductor intervenido por ebriedad en enero del año pasado volvió a ser hallado en mayo detrás del volante, esta vez tras causar un accidente con consecuencia fatal. Para los especialistas, este retraso administrativo abre la puerta a la impunidad.
Frente a esta situación, diversos expertos en seguridad vial y salud respaldan la implementación de una política de “tolerancia cero” al alcohol en conductores. Según explican, incluso cantidades mínimas de alcohol reducen la capacidad de atención, alteran el tiempo de reacción y aumentan drásticamente el riesgo de siniestros. En conversación con OJO, el especialista en seguridad vial Edgardo Rivas sostuvo que el país debe asumir una postura más estricta y coherente con la evidencia internacional.
El médico prevencionista Tomás Solís coincidió en que ningún nivel de alcohol debería ser permitido al volante, pues el consumo, por más bajo que sea, afecta el equilibrio, la coordinación y la percepción del entorno. “La gente cree que una copa no altera nada, pero los estudios muestran lo contrario: basta muy poco para perder reflejos esenciales para conducir”, advirtió.
A su vez, el experto de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, señaló que la reincidencia entre los conductores sancionados por ebriedad es “alarmantemente alta”. “Si la única barrera es pagar una multa y llevar un cursito, entonces estamos perdidos”, afirmó. Recordó que su organización presentó hace ocho años una propuesta para establecer un límite máximo de 0.2 gramos de alcohol en sangre, similar al de Chile.
Quispe Candia añadió que países como Brasil exigen 0.0 gramos y retiraron toda publicidad de alcohol vinculada a actividades de conducción, una medida que considera eficaz y replicable en el Perú. Sin embargo, advirtió que propuestas similares enfrentaron resistencia de la industria cervecera. También destacó que muchos casos deberían procesarse como homicidio simple con dolo eventual, lo que implicaría penas de 20 años o más, pero “la justicia peruana no lo tipifica de esa manera”.
El especialista también propuso incorporar en el Código Penal un delito contra la seguridad vial, siguiendo el modelo de España, para sancionar con mayor rigor a quienes conduzcan en estado de ebriedad y generen muertes o lesiones graves. “Hoy la legislación es demasiado permisiva y no protege adecuadamente a las víctimas”, sostuvo.
Finalmente, los expertos coincidieron en que la Fiscalía también tiene responsabilidad en la impunidad. Según Quispe Candia, muchos fiscales optan por el principio de oportunidad, cerrando casos de manejo ebrio sin llevarlos a juicio porque eso “suma puntos” y agiliza su carga procesal. “Deberían acusar ante el juez como corresponde para que se imponga una sanción real o, al menos, una sentencia suspendida. El Ministerio Público tiene la llave y no está aplicando la ley como debería”, concluyó.
