Una reciente investigación periodística, que detalla cómo la venta ambulatoria de chips móviles facilita el accionar de extorsionadores y redes delictivas, ha reavivado el debate sobre los factores que alimentan la creciente ola de inseguridad ciudadana. Si bien esta práctica ilegal constituye una vía de contacto y suplantación de identidad, el problema de fondo va mucho más allá del comercio informal de líneas telefónicas.

El combate contra la criminalidad no puede reducirse a un operativo o a la imposición de multas. La inseguridad en el Perú es un fenómeno complejo, alimentado por redes de extorsión, lavado de activos, tráfico de datos personales y corrupción institucional. La venta callejera de chips es solo uno de los eslabones de una cadena que comienza con la informalidad y termina con delitos graves como el secuestro, la extorsión y el sicariato.

“Se requiere una estrategia integral que combine acciones de prevención, control tecnológico, fortalecimiento institucional y educación ciudadana. Es indispensable reforzar la trazabilidad de las líneas móviles, mejorar la coordinación entre las operadoras y las autoridades policiales, y garantizar que la información biométrica y los datos personales de los usuarios estén protegidos”, señaló José Elice, ex ministro del Interior.

José Elice: “la seguridad ciudadana debe entenderse como una política pública de largo plazo, que involucre a los sectores de telecomunicaciones, justicia, educación, gobiernos locales y al propio ciudadano".
José Elice: “la seguridad ciudadana debe entenderse como una política pública de largo plazo, que involucre a los sectores de telecomunicaciones, justicia, educación, gobiernos locales y al propio ciudadano".

Asimismo, las empresas operadoras han manifestado su disposición a colaborar con el Estado mediante mecanismos técnicos y logísticos que permitan identificar puntos de venta no autorizados y cortar las líneas usadas para fines ilícitos. Sin embargo, este esfuerzo solo tendrá un impacto real si se acompaña de medidas de inteligencia policial, sanciones efectivas y control exhaustivo de lo que ocurre en los penales, por ejemplo.

Finalmente, el exministro Elice recalcó que “la seguridad ciudadana debe entenderse como una política pública de largo plazo, que involucre a los sectores de telecomunicaciones, justicia, educación, gobiernos locales y al propio ciudadano. Atacar un síntoma no resolverá la enfermedad: el país necesita un enfoque sistémico y sostenido que recupere la confianza y la seguridad en las calles”.