Desde hace varios años, Lince se ha transformado en el principal centro de explotación sexual por parte de criminales extranjeros. Aunque esta guerra por el control de cupos no es nueva, en este 2024 los ataques se han recrudecido y aumentado.
Según las autoridades policiales, estas mafias relacionadas con la prostitución en Lima podrían acumular cerca de un millón y medio de soles mensuales. Esto solo mediante la extorsión a las numerosas jóvenes, en su mayoría, venezolanas que ofrecen servicios sexuales en el sector de Risso e inmediaciones.
Quienes se niegan, pagan con su vida. En enero de este año una trabajadora sexual de 30 años fue hallada muerta, tras pedir ayuda a sus compañeras.
Desde una moto lineal recibió hasta tres disparos, los cuales la derribaron. “Se peleó con una amiga que a su vez es novia de uno de los extorsionadores y por negarse a pagar, le tuvieron cólera”, contó otra trabajadora sexual ante el parte policial.
A inicios de junio, en la misma zona, un grupo de mujeres fue atacado por dos personas que aparentaban ser repartidores de delivery.
Ambas se negaron a pagar cupo a las mafias de la prostitución, según las investigaciones policiales, dando como resultado una balacera que las dejó heridas.
CONTROL Y DISPUTA. Las bandas venezolanas, ecuatorianas y peruanas están en una feroz disputa por el control de las extorsiones a trabajadoras sexuales en Lince.
Este conflicto ha convertido a la zona en un campo de batalla, con organizaciones criminales como “Hijos de Dios”, “Los Gallegos”, “Dinastía Sur”, “One Family” (ver infografía) compitiendo por el dominio.
Según la Policía Nacional del Perú (PNP), estas bandas están detrás de numerosos ataques con granadas en diversos distritos de Lima y se les investiga por homicidios, asesinatos por encargo, prostitución, trata de personas y venta de drogas.
En lo que va del año, los atentados en Lince han dejado un saldo de 20 muertos y 34 heridos. Las principales víctimas en un 40% son trabajadores sexuales así como los proxenetas y otros integrantes de esta pirámide laboral.
Asimismo, las muertes y heridos han involucrado a víctimas inocentes, a causa de las balas perdidas (vecinos y transeuntes).
Estos crímenes son un recordatorio de la violencia que sufren las trabajadoras sexuales en la zona, quienes son amenazadas constantemente para que paguen una “mensualidad” a cambio de seguridad.
Ángela Villón, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, denunció la persistente extorsión y el cobro de cupos.
“A pesar de las denuncias, las autoridades no han tomado acciones adecuadas para proteger a estas mujeres. (ellas) enfrentan dificultades para formalizar sus denuncias debido a la falta de respuesta y coordinación entre las diferentes unidades policiales”, anotó.
