A consecuencia de la pandemia de coronavirus, entre los años 2020 y 2021, un total de 123,153 escolares de abandonaron las aulas, de los cuales solo el 49 % logró reinsertarse al sistema educativo en 2022. El 51 % restante, que equivale a 62,612 niños y adolescentes, no han retornado a estudiar, reveló la Defensoría del Pueblo a OJO, en base a datos dados por el .

Las regiones con mayor población de estudiantes que no han vuelto a las aulas son Cajamarca (69 %), La Libertad (59.1 %), Amazonas (59 %), Piura (58.2 %), San Martín (56.5 %), Madre de Dios (52.7 %) y Áncash (52.6%). Lambayeque y Lima Metropolitana alcanzan porcentajes del 51 % y 51.8 %, respectivamente. En los otros departamentos, la brecha oscila entre 30 % y 50% (ver cuadro).

DepartamentoEstudiantes desertaron 2020-2021Porcentaje sin reinsertar
Amazonas277159 %
Áncash241152.60 %
Apurímac75544.20 %
Arequipa311845.30 %
Ayacucho117637.20 %
Cajamarca429669 %
Callao529349.90 %
Cusco231149%
Huancavelica71730 %
Huánuco273631 %
Ica243043.40 %
Junín385543.80 %
La Libertad707159.10 %
Lambayeque496451 %
Lima Metropolitana4370451.80 %
Lima Provincias306048.70 %
Loreto1261249.20 %
Madre de Dios58352.70 %
Moquegua21742.40 %
Pasco83936 %
Piura719458.20 %
Puno155943.70 %
San Martín312056.50 %
Tacna64148.50 %
Tumbes104342.30 %
Ucayali467737.70 %

Deserción escolar es un problema multicausal

Para el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Renzo Deza, las cifras revelan que tanto los gobiernos regionales como el Minedu están incumpliendo sus competencias respecto de la gestión de servicios educativos así como su deber de prevenir y solucionar la deserción escolar.

“La deserción es un problema complejo, multicausal, puede deberse a factores propios de la familia, como la pobreza, la dejadez de los padres respecto de la educación de sus hijos, problemas vinculados en el periodo de la emergencia sanitaria, pero también puede deberse a otros factores como la necesidad de que los hijos grandes, adolescentes, deban salir al mercado laboral por la crisis económica”, señaló.

Ante ello, dijo que la Defensoría viene recomendado que esta problemática sea abordada de forma integral, con intervención de ministerios y gobiernos regionales, y se cumpla con el seguimiento a cada caso.

Deza sostuvo que la salida de un alumno del sistema educativo constitute la situación más gravosa que puede afectar el derecho a la educación por dos motivos. Primero, porque priva al estudiante de recibir la formación básica a la que tiene derecho y debe darle Estado dado que le permitirá desenvolverse en comunidad. “El currículo nacional de la educación básica comprende 31 competencias, las cuales son elementos que los pedagogos establecen que toda persona debe asimilar durante el proceso de aprendizaje”, explicó.

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Segundo, debido a que se trunca la posibilidad de que el niño o adolescente pueda continuar su trayectoria educativa y seguir una formación profesional, una carrera técnica, universitario o formación para el trabajo. “Se le priva de condiciones para ejercer un trabajo digno y desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones”, acotó.

OJO AL DATO. La Defensoría del Pueblo está poniendo en agenda que El Estado, en su conjunto, aborde la deserción escolar de forma prioritaria, debido al impacto que ha producido el cierre de escuelas durante la pandemia.

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