El sector transporte urbano en Perú vive un momento crítico debido al incremento de casos de extorsión y cobro de cupos que sufren a diario los choferes y empresas de transporte. Según Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), los transportistas han otorgado al Gobierno un plazo de un mes para frenar estos actos criminales, antes de considerar un paro a nivel nacional.

Valeriano aclaró que, a pesar de los rumores que circulan en el gremio, no se ha convocado un paro nacional para el próximo jueves 10 de octubre.

“Todavía no hemos anunciado ni un paro. No sé de dónde salen esos anuncios, cuando se está conversando con el Ejecutivo y el Legislativo”, comentó. El dirigente hizo hincapié en que tras la movilización del 26 de septiembre, el gremio decidió dar una tregua de 30 días para que se adopten medidas concretas que detengan la extorsión y la violencia que afecta a los transportistas.

A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, que incluyeron la declaración de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, los transportistas continúan recibiendo amenazas. La medida de emergencia abarca zonas críticas como San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Villa El Salvador, sin embargo, la criminalidad no ha cesado y sigue afectando el día a día de quienes operan en este sector.

La división en el gremio de transportistas es evidente. Mientras Valeriano descarta un paro para el 10 de octubre, Herman Mendieta, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, asegura que la próxima semana habrá una paralización a nivel nacional que involucraría al 90% de los transportistas. “Las manifestaciones exigirán respuestas al Congreso”, afirmó Mendieta, exponiendo una clara fractura entre los líderes de estas organizaciones.

Por otro lado, Valeriano insiste en que el camino es el diálogo y que, al culminar el plazo, se evaluará el avance de las medidas del Gobierno antes de tomar una decisión definitiva sobre una paralización. “Si convocamos a un paro, va a ser de brazos cruzados; las máquinas a nivel nacional no se prenden”, sentenció, dejando en claro la seriedad de la amenaza de una paralización en caso de no obtener resultados positivos.

La posible movilización del 10 de octubre podría contar con la participación de diversos sectores afectados por la criminalidad. Entre ellos, representantes de la construcción civil, empresarios del emporio comercial de Gamarra, y gremios de bodegueros, quienes también sufren extorsiones y amenazas en distintas regiones del país.