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Las recientes prueba de ADN practicadas a un albañil terminaron por confirmar la aberrante acusación en su contra: era el padre de los cuatro hijos que tuvo su hija tras una serie de abusos sexuales a lo largo de 10 años.
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Los estudios fueron realizados en el Instituto Médico Legal de Rosario (Argentina) y ordenados por el fiscal, los cuales confirmaron “en un 99,9 por ciento” que los cuatro hijos que tuvo la víctima - Natalí Aguirre - son hijos de Hugo Víctor Aguirre, su propio padre biológico, quien la violó a lo largo de su vida.
Una vida de abusos
Hace 23 años, cuando la víctima tenía apenas nueve, fue abusada pro primera vez por su padre, quien la llevó a un descampado. La joven, hoy de 32 años, recordó en su testimonio el color de los pantalones que ella llevaba ese día: amarillos.
A los 13, despertó una mañana con mareos y vómitos. Su madre la llevó a un hospital de la zona: descubrieron que estaba embarazada. Aguirre la obligó a mentir, a culpar a un albañil de la zona. Nació una bebita, hoy mayor de edad, de 19 años.
Dos años después nació un segundo hijo, un varón. Aguirre obligó a su hija a mentir de nuevo. Así fueron cuatro hijos en total, en menos de diez años.
Todos ellos tuvieron el apellido de su madre, que es el de Aguirre. Ninguno tuvo un padre reconocido. El padre de todos, dijo la hija del albañil, era Aguirre mismo.
“Mi papá me amenazó siempre”
Infobae entrevistó a Natalí, quien le dijo que estaba recibiendo el apoyo de psicólogas y de una abogada.
"Mi papá me amenazó siempre. Yo no viví la vida que quería vivir. Nunca tuve novio, nunca fui ni a la confitería, me encerraba: sabía que mi papá iba a matar a quien estuviera conmigo”, afirmó.
“Los chicos no querían saber quién era su padre. Yo les decía que los había abandonado, pero mi hija me preguntaba llorando, ella sospechaba que era hija de su abuelo, hasta que me pude liberar”.
Los delitos que se le imputan a Aguirre son los de abuso con acceso carnal agravado por ascendencia, promoción de la corrupción de menores, amenazas y tenencia ilegal de arma de uso civil. Tras un juicio, podría enfrentar una pena de 35 años de cárcel.
