Servicio de delivery es desarrollado por 80% de venezolanos en Lima, según estudio

El servicio de delivery a través de plataformas digitales se ha convertido en uno de los principales empleos que realiza la población migrante en la capital. Según una investigación elaborada por el Observatorio de Plataformas - Perú, este tipo de trabajo es desarrollado en Lima por 80% de venezolanos y 20% de peruanos.

¿En qué condiciones laboran? El documento denominado “Diagnóstico sobre las condiciones laborales en las plataformas digitales” señala que reciben aproximadamente S/1500 por trabajar más de 10 horas diarias, entre 6 y 7 días a la semana. Asimismo, no cuentan con derechos laborales ni seguros efectivos en caso de accidentes.

“Un 73% de ellos consideró que el delivery era su principal fuente de ingreso y justamente por la necesidad no iban a interrumpir sus actividades; sin embargo, las condiciones de trabajo son precarias”, anotó Úrsula Espinoza, representante e investigadora legal del observatorio, a OJO.

Entre los riesgos que enfrentan figuran la xenofobia y discriminación, los robos y los accidentes vehiculares. Según la Policía, estos últimos ocurren sobre todo por su imprudencia.

Rechazan medida de prohibirles

Pese a este escenario, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra propuso ayer que se “restrinja temporalmente” a los extranjeros el uso de taxis, mototaxis y motocicletas para actividades laborales, como el delivery.

Esto, dijo, en base a la otra cara de la moneda; es decir, a que “por no tener una política migratoria contundente y categórica, más del 70% de eventos delictivos en estos vehículos son cometidos por ciudadanos de otros países”. Por ejemplo, bajo la modalidad del falso delivery.

“La propuesta no es xenófoba ni discriminatoria, en los diferentes operativos encontramos conductores informales y sin documentos, entre ellos se camuflan los delincuentes”, refirió.

Para Espinoza, cualquier propuesta que pretenda limitar los derechos básicos de las personas, como el de trabajo y libre tránsito, es inconstitucional y, además, por enfocarse en un grupo social, es discriminatoria.

“Esta medida afectaría el nivel de ingreso de los trabajadores (...) la propuesta del alcalde evidencia un claro desconocimiento de esta realidad”, acotó.

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