​Gerald Oropeza: Gobierno de da ultimátum a 'Tony Montana'
​Gerald Oropeza: Gobierno de da ultimátum a 'Tony Montana'

Mientras el Poder Judicial aún evalúa el recurso de hábeas corpus interpuesto por Gerald Oropeza López para que quede sin efecto la orden de captura dictada en su contra, desde el gobierno le lanzaron un ultimátum para que se ponga a derecho.

Los ministros del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, y de Justicia, Gustavo Adrianzén prácticamente le cerraron ayer la posibilidad de que el Poder Judicial le levante la orden de captura.

“Si está pedido y buscado por la ley, que se entregue; y si tiene miedo, el Estado le debe garantizar su integridad”, declaró el ministro Pérez Guadalupe. Comentó que ese mismo argumento usaron en su momento Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana para no ponerse a disposición de las autoridades. Le advirtió que si no se entrega, “de todas maneras será capturado”.

Por su parte, el titular de Justicia afirmó que mientras el prófugo empresario no se ponga a derecho, seguirá con orden de captura, pues hay suficientes indicios para pensar que su fortuna tiene un origen ilícito.

“Hasta que él (Oropeza) no se ponga a derecho y justifique el origen de la fortuna que parece tener, tenemos indicios razonables para creer que esta puede tener un origen ilícito”, manifestó. Adrianzén indicó que al exmilitante del Partido Aprista Peruano no solo es investigado por sus signos exteriores de riqueza, sino también por narcotráfico, corrupción de funcionarios, lavado de activos, contratos irregulares, y otras “cosas oscuras”.

“La investigación no cierra ninguna vía, vamos a seguir desentrañando esta red que para nosotros es una evidente red delincuencial, no vamos a parar en el esfuerzo de descubrir el origen de la madeja”, afirmó a la agencia Andina.

Férrea defensa.
El abogado Marco Riveros Ramos, quien presentó el hábeas corpus, afirmó que el ministro de Justicia no conoce el fondo del caso y solo se deja llevar por lo que dicen los medios de comunicación. En ese sentido, estimó que al no haber indicios de delito alguno -según su punto de vista- el 12° Juzgado Penal de Lima debe declarar fundado el recurso constitucional.