Jueces blindan a Nadine, pero aún no está salvada
Jueces blindan a Nadine, pero aún no está salvada

Aunque el mandatario Ollanta Humala celebró ayer, como si fuera un gran triunfo, la controvertida sentencia que anula la reapertura de una investigación fiscal por lavado de activos entre 2005 y 2009 a su esposa, la presidenta nacionalista Nadine Heredia, es temprano para cantar victoria porque su caso aún no está cerrado y podría llegar al Tribunal Constitucional (TC).
“La intención de reabrir la investigación es un precedente funesto, porque implica que cualquier persona pueda ser perseguida. Eso no puede pasar, y menos en un Estado democrático y ‘ad portas’ de una campaña electoral”, exclamó un feliz Humala.
Tras inaugurar muros de contención en la provincia de Huarochirí, al este de Lima, el jefe de Estado aseguró que el fallo que archiva el caso “es una sentencia contundente y firme que deja el tema (sobre un presunto desbalance patrimonial y lavado de activos al recibir su esposa dinero desde el exterior, incluso por la empresa de capitales Kaysamak) zanjado y cerrado”.
La resolución de los vocales Emilio Gonzales Chávez, Óscar Sumar Calmet y Hermilio Vigo Zevallos, integrantes de la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, declaró fundada y procedente en su integridad a la acción de hábeas corpus contra la investigación del fiscal Ricardo Rojas “por afectación del derecho constitucional al debido proceso”.

LIMPIADA. Con nuevos indicios surgidos después de una controvertida primera investigación fiscal que “limpió” a Heredia, el citado fiscal consideró oportuno reabrir las pesquisas, lo que el Poder Judicial ahora impide al acoger el pedido de la defensa de la primera dama para que el caso no sea visto más.
A pesar de que el fallo de la Sexta Sala Penal a favor de Heredia es de “última instancia” en el caso en mención, el fiscal Rojas evalúa presentar un recurso de agravio constitucional, a fin de que el Tribunal Constitucional conozca el caso. El magistrado puede presentar este recurso dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la resolución de la sala que falló a favor de la primera dama de la Nación.
De llegar el caso al TC, el país observará atento al accionar de los magistrados.