El premier Alberto Otárola ha dicho que el gobierno ha enviado a El Salvador al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a fin de evaluar su sistema carcelario con la finalidad, entendemos, de analizar si se puede replicar en el Perú a fin de mantener a buen recaudo a delincuentes de alta peligrosidad que una vez tras las rejas insisten en seguir ordenando asesinatos, extorsiones y demás hechos al margen de la ley. Sea que se imite o no lo que ha hecho Nayib Bukele en su país, lo que es urgente es cambiar de raíz el régimen penitenciario del Perú, que está corrompido y es en exceso relajado y benevolente con criminales que tendrían que estar mejor vigilados y sin posibilidad de mayor contacto con el exterior. Esto ocurre en todos los países donde la autoridad se hace respetar, así que si los “defensores de derechos humanos” se oponen a medidas más drásticas, pues que se lleven a vivir a sus casas a estos angelitos para que los traten como a príncipes y les den su comidita caliente. ¿Estamos?