El Poder Judicial impulsó ayer la primera de las denuncias penales contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por presunta estafa y otros delitos tras promocionar una criptomoneda que, señalada como una estafa millonaria, habría generado cuantiosas pérdidas a 40,000 inversionistas que creyeron en la palabra del dirigente libertario.
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Esta denuncia fue seguida por las de otros militantes políticos y abogados contra Milei ante la justicia penal por haber promovido el viernes en su cuenta de X, antes Twitter, la criptomoneda que resultó ser una estafa.
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Analistas indican que el caso podría costarle el cargo a Milei, aunque el apoyo de la mayoría del Congreso puede tenderle un manto de protección.
Jueza a cargo
La jueza María Servini, seleccionada por sorteo en la Cámara Federal de Buenos Aires, se hizo cargo de la denuncia presentada por el economista Claudio Lozano, titular del partido Unidad Popular, quien acusó al mandatario ultraderechista de integrar una asociación ilícita que cometió una estafa afectando a decenas de miles de personas “con pérdidas de más de 4000 millones de dólares” y de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Tremenda estafa
Gracias a ser promovida por Milei, la criptomoneda $LIBRA quintuplicó su valor antes de desplomarse y ocasionar pérdidas cuantiosas a miles de inversores, según portales de finanzas.
La denuncia pide el peritaje de la plataforma X “a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente, incluyendo los registros de los tuits borrados” y el allanamiento de la residencia presidencial para secuestrar todo equipo electrónico.
Milei lo hizo
En la denuncia se recordó que Milei indicó el viernes por la tarde que la nueva criptomoneda estaba orientada a “incentivar el crecimiento de la economía, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos” y al mismo tiempo había adosado en su mensaje de X el link al Proyecto Viva La Libertad, de la empresa KIP Protocol, para adquirir la moneda.
A Milei y sus coinculpados Hayden Mark Davis y Julián Peh se les imputa los delitos de asociación ilícita y estafa, y adicionalmente al mandatario el incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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