Una vez más el Congreso blindó a la presidenta Dina Boluarte y a sus exministros acusados por presunta responsabilidad en las muertes durante las violentas protestas en contra de su gobierno en diciembre de 2022, así como en enero y febrero de 2023.
El informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación interino Juan Villena fue aprobado ayer con amplia mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña (Alianza para el Progreso).
Informe sustentado
“No se han presentado, a la fecha, elementos de convicción suficientes que acrediten fehacientemente, de manera indubitable y objetiva, la existencia de una conducta típica antijurídica y culpable atribuible a los denunciados”, precisa el informe sustentado por José Jerí (Somos Perú).
Doce votar para archivar la denuncia: Martha Moyano, Nilza Chacón, Víctor Flores y Héctor Ventura (Fuerza Popular), María Acuña y Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso) y Esdras Medina y Milagros Jáuregui (Renovación Popular). Además, Jorge Montoya (Honor y Democracia), Elvis Vergara (Acción Popular), José Jerí (Somos Perú) y el no agrupado Segundo Quiroz.
Los dos votos en contra fueron de Flavio Cruz (Perú Libre) y Pasión Dávila (Bancada Socialista).
La denuncia incluía a los exministros Pedro Angulo y Alberto Otárola (PCM), César Cervantes, Jorge Chávez Cresta (Defensa), Víctor Rojas y Vicente Romero (Interior).
La misma comisión rechazó una primera denuncia presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por genocidio.
