Luego de la del por parte del presidente de la República, , se tendrá que poner en orden las planillas para saber que pasará con el personal de confianza que trabajaron hasta el pasado 30 de setiembre.

Según cifras de observatorios del gasto público, el Congreso mostradas por Cuarto Poder, para el servicio parlamentario y las áreas administrativas, necesitaría sólo mil 300 trabajadores en sus instalaciones y, sin embargo, laboran allí casi 3 mil personas.

De ellos, el 70% está bajo el régimen 728 del sistema privado que les permite tener 16 sueldos al año, es decir, 12 pagos anuales más 2 gratificaciones, así como un sueldo completo por escolaridad y otro por vacaciones.

En agosto del 2016, durante la gestión de Luz Salgado como presidenta del Congreso, había 2,379 trabajadores, entre personal estable y de confianza. En agosto de 2017, con Luis Galarreta a la cabeza de la Mesa directiva, la cifra subió a 2,832.

Para agosto de 2018, con Daniel Salaverry al frente del Parlamento, la cifra llegó a 3,098 trabajadores. En julio de 2019, sin embargo, esa cantidad se redujo a 2,989 personas al no renovarse el contrato a 130 empleados, de los cuales 100 eran militantes de Fuerza Popular.

trabajadores del congreso

Retuitear ataques

Por otro lado, se detectó que personal contratado en el Congreso usaba sus cuentas en las redes sociales para retuitear los ataques del fujimorismo a sus opositores, opinar o lanzar más calificativos a través de perfiles falsos y resaltar el trabajo de Fuerza Popular.

Es más estas personas solicitaban permiso en horas de trabajo congresal para movilizar a la portátil fujimorista hacia lugares donde se requería mostrar indignación espontaneo en apoyo de Keiko y Alberto Fujimori.

Incluso, la Contraloría General de la República detectó también que 17 trabajadores del Parlamento Nacional fueron beneficiados con contratos a plazo indeterminado, pese a no cumplir con los requisitos de ley.

Entre ellos figuraba nada menos que Luis Mejía Lecca, extesorero de Fuerza Popular, quien, junto a Keiko Fujimori, es investigado por la supuesta entrega de dinero de Odebrecht a la campaña electoral en los años 2011 y 2016.