Mientras la presidenta Dina Boluarte alistaba ayer su viaje al Vaticano, para la entronización del papa León XIV este domingo, la Fiscalía de la Nación presentó dos denuncias constitucionales en su contra.

Una de ellas es por los presuntos delitos de lesiones leves y graves durante las protestas contra su gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 y la otra por colusión agravada.

La primera denuncia también alcanza a Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola, expresidentes del Consejo de Ministros; César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, exministros del Interior; y Jorge Chávez Cresta, extitular de Defensa.

En esta denuncia, la tercera por los mismos hechos, la jefa de Estado y sus exministros son acusados como presuntos autores de los delitos mencionados en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michel Chipa y otros ciudadanos en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como Lima Metropolitana.

Cuando era ministra

En el segundo caso, se le acusa de haber favorecido la contratación como proveedor de Víctor Hugo Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor, cuando ella se desempeñaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, consideró que la Fiscalía, que dirige Delia Espinoza, está politizando el derecho.

El expremier Otárola afirmó que la Fiscalía a “manera de ruleta se construye otro caso, cuando ya hay uno archivado en el Congreso y otro en giro”.