El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el Poder Ejecutivo planteará al Congreso que apruebe un proyecto de ley que forzará a los medios de comunicación a transmitir las actividades que se realicen en los estados de emergencia como parte de una “franja informativa”.
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Con ello, el régimen de la presidenta Dina Boluarte buscará por ley controlar contenidos de medios de comunicación, algo inédito en el Perú luego de pasada la página de la dictadura militar en 1980.
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La medida que pretende el Gobierno, como era previsible, ha generado rechazó de sectores democráticos.
Iniciativa
El ministro Eduardo Arana confirmó que se trata de “un proyecto de normas legales que modifiquen la Ley de Radio y Televisión y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencias las acciones y actividades que viene ofreciendo desde el Poder Ejecutivo en contra de la delincuencia y como parte de la lucha frontal por la seguridad ciudadana”.
Inaceptable norma
Ante ello, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, consideró que una norma en el sentido indicado es inaceptable porque implica un tipo de control sobre la prensa.
Recordó que el Gobierno cuenta con los medios de prensa del Estado, como TVPerú, Radio Nacional, El Peruano y la Agencia Andina, y que si requiere mayor difusión en los medios privados existen mecanismos legales para solicitar la colaboración.
Quieren propaganda
Ante la propuesta gubernamental, el abogado Wilfredo Pedraza declaró en Canal N que es “impertinente entrometerse en lo que la prensa debe o no hacer, es terrible para la democracia viniendo sobre todo de un ministro de Justicia” como Eduardo Arana.
“El Ejecutivo debe sujetarse a una regla tan básica como respetar a la libertad de prensa, este proyecto no debe tener ninguna viabilidad en el Congreso; se pretende propaganda y eso no es factible”, enfatizó.
El congresista Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, rechazó la iniciativa que llegará al Parlamento y, todo apunta, no pasará por ser antidemocrática.
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