En un área de la Diroes, donde permanece recluido, continuará el expresidente y maestro Pedro Castillo, a raíz de que el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, Juan Checkley, amplió por 14 meses más la prisión preventiva que cumple por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y contra la paz pública, a raíz del golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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Se trata de un duro golpe para el expresidente que busca por todos los medios legales ser procesado en libertad como sucede con sus homólogos procesados Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala. El expresidente Pedro Castillo está en la Diroes, en Ate, donde antes estuvo Humala, mientras PPK nunca pisó una celda.
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Incluso Alberto Fujimori, un reo rematado por homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción, está libre y goza de un indulto que le permite dedicarse a la política y negar los crímenes por los que ha sido condenado en todas las instancias con el debido proceso, recuerdan quienes alegan por Pedro Castillo.
Hasta el 2025
A pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, se dispuso que la prisión, que el exmandatario pidió se levante tras vencer el pasado jueves, se compute del 7 de junio de 2024 hasta el 6 de agosto de 2025.
Checkley justificó la ampliación de la prisión preventiva para la continuidad del proceso contra Pedro Castillo, que se halla en etapa intermedia o de investigación. Se prevé que en agosto de 2025 se culmine con las indagaciones y se pase a la etapa de acusación fiscal para llevar al exgobernante a juicio.
Importante medida
La ampliación mencionada por el caso del golpe de Estado tiene importancia porque mantendrá a Pedro Castillo en el penal de la Diroes, en el fundo Barbadillo (Ate), incluso si eventualmente se levanta, por alguna articulación jurídica, la vigente segunda orden de prisión preventiva por 36 meses que cumple en otro proceso que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción por los casos Puente Tarata, PetroPerú y Anguía.
La Fiscalía de la Nación pidió 34 años de prisión para Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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