Luego de tres días de polarización y debate mediático, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, decidió no ejecutar la liberación del exmandatario Alberto Fujimori, como pedía el Tribunal Constitucional (TC).
De esta manera, Alberto Fujimori seguirá preso en el penal de Barbadillo, cumpliendo diversas condenas, una de ellas de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
El juez Fernández declaró “improcedente la ejecución de la sentencia (del TC) de fecha 17 de marzo del 2022, que dispone la libertad de Fujimori”.
El juez sostiene que existe una resolución de la Corte IDH que dispone abstenerse de ejecutar la sentencia del TC que ordena su libertad. Además, indica que es competencia del TC dilucidar el caso y lo dispuesto por la Corte IDH.
Keiko y Kenji no quieren que muera en prisión
Elio Riera, abogado de Fujimori, dijo que solo debe ejecutarse la libertad de su defendido, ahora por parte del TC, y eso es lo que pidió horas después por encargo de los hijos del exgobernante a través de un oficio.
Riera dijo que pedirá que todo el expediente del indulto a favor del expresidente sea retornado lo antes posible al TC para que puedan ejecutar su sentencia.
Keiko y Kenji Fujimori afirman en el documento que su padre “mantiene la condición de adulto mayor de 85 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo aunado al hecho a que su estado delicado de salud incrementa las posibilidades de morir en la cárcel”.
Héctor Ventura, congresista de Fuerza Popular, dijo que el juez de Ica declaró improcedente la ejecución de sentencia del TC debido a una presión política. “Me refiero a la Corte IDH”, declaró. El exlegislador fujimorista Miguel Torres, calificó de “Pilatos” al juez Fernández, por retornar el expediente al TC.
