El Poder Judicial ordenó la reposición de María Caruajulca Quispe en el cargo de procuradora general del Estado. Ella fue nombrada y luego destituida durante el gobierno de Pedro Castillo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) tendría que reponerla en el puesto que estaba ocupando Javier Pacheco, luego de la salida de Daniel Soria.
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La Primera Sala Constitucional, de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocó la resolución que había declarado improcedente la medida cautelar solicitada por María Caruajulca Quispe. Por lo tanto, declaró fundada dicha medida cautelar y ordenó la suspensión provisional de la resolución suprema N° 188-2022-JUS, la cual había sido publicada el 6 de octubre de 2022 y daba por concluida su designación como procuradora general del Estado
“Ordenar la reposición inmediata de María Aurora Caruajulca Quispe como procuradora general del Estado, hasta que se emita resolución definitiva en última instancia en el proceso principal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Nuevo Código Procesal Constitucional”, indicó el tribunal.
Asimismo, la Sala le otorgó un plazo de tres días al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que cumpliera con lo establecido.
Cabe recordar que, en octubre de 2022, el gobierno de Pedro Castillo removió a María Caruajulca Quispe de su cargo como procuradora general del Estado después de que un informe de la Contraloría advirtiera que había sido designada para el puesto pese a no haber presentado una declaración jurada de que no enfrentaba procesos en su contra
El documento que removió a la funcionaria se argumentó que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el presidente de la República puede destituir a los titulares de organismos públicos por “pérdida de confianza”, el mismo argumento utilizado en la resolución que terminó la designación de Soria Luján.
Caruajulca Quispe fue nombrada el 25 de febrero de 2022 en lugar de Daniel Soria Luján, quien fue retirado del cargo después de presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Nación para que el entonces presidente Pedro Castillo fuera investigado por el caso Puente Tarata.
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