Arequipa: auditores de la Contraloría identificó que el comité permitió que la propuesta del postor pase todas las etapas cuando no le correspondía. (Foto: Contraloría General de la República)
Arequipa: auditores de la Contraloría identificó que el comité permitió que la propuesta del postor pase todas las etapas cuando no le correspondía. (Foto: Contraloría General de la República)

La Contraloría General de la República halló irregularidades en el proceso de adquisición y entrega de implementos de seguridad y equipos de protección personal para los servidores de la municipalidad provincial de .

Según el ente de control, esta situación ocasionó un perjuicio económico de 195,424 soles. De acuerdo al Informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 042-2020-2-0353-SCE cuatro funcionarios y servidores de la actual gestión municipal tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Contraloría, el comité de selección admitió la oferta de una empresa cuyas muestras no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en las bases del proceso.

Pese a ello, el comité permitió que la propuesta del postor pase a la etapa de evaluación, verificación de requisitos de calificación y adjudicación de la buena pro, cuando no le correspondía.

A esto se suma que la Subgerencia de Recursos Humanos de la municipalidad de Arequipa, como área usuaria, otorgó conformidad a los implementos de seguridad entregados por el contratista, a pesar de que las características eran distintas a las solicitadas.

Es preciso indicar que entre los implementos de seguridad y equipos de protección personal adquiridos se encuentran mascarillas con válvulas, lentes de seguridad con protección UV, lentes de protección para podador de altura, respiradores con doble filtro, entre otros.

La Contraloría notificó los resultados de control específico al titular del municipio, a quien se le recomendó disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en el informe.

También recomienda a la Procuraduría Anticorrupción dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del informe de control específico.

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